INVASIÓN

SE COMENTA SOLO CON

CARLOS RAMOS PADILLA

Cómo se vea, desde cualquier ángulo, resulta una invasión la iniciativa de Morena al retar de obligar a los ciudadanos a informar al gobierno sobre la ocupación o no de sus propiedades. Es una arbitrariedad. ¿Para qué pretende el gobierno saber si tu casa está vacía? Es una información que nadie debe compartir con las autoridades. Y en esto tiene y mucho que ver la Sra Lenia Batres. Y el castigo viene, si el propietario no presenta el informe o lo hace de manera extemporánea es acreedor a una multa entre 4,272 pesos a 10,821 pesos de acuerdo al código fiscal.

De manera disfrazada Batres engaña señalando que solamente es para actualizar el catastro cuando de hecho con el pago del Impuesto Predial los datos están en su poder. Por cierto el valor catastral nunca ha dependido si la propiedad está ocupada o no.

Es evidente que Morena lo que pretende es levantar un censo para que arbitrariamente distribuya los inmuebles a su consideración. Diputados de oposición ya presentaron una contrarreforma para frenar estás ocurrencias.

Mejor el gobierno y su partido deberían cancelar el cobro ciudadano de la verificación vehicular, un impuesto injusto e innecesario para los particulares que cumplen con el mantenimiento de su auto y con presentar el comprobante vigente del servicio mecánico sería suficiente.

Deberían de suspender el pago trianual de la tarjeta de circulación que por cierto ni entregan porque “no hay plásticos”. Deberían de vigilar la intención de cancelar la reducción al predial por cumplir con el 33% o más de áreas verdes y preservación. Deberían vigilar la abierta y cínica corrupción de los agentes de tránsito en la vía pública.

Pero estas ocurrencias por invadir a la propiedad privada resultará inverso para los diputados que la impulsan y su mayoría legislativa porque muchos habrán de acatar las disposiciones y sufrir las consecuencias, principalmente sus familiares.

Estos atentados habrán de desmerecer a Morena que hoy por hoy observa como incluso se pretenden adecuaciones constitucionales para evitar acciones y operativos en estadounidenses para acabar con los narcotraficantes en lugar de fortalecer la coordinación tripartita (México, Canadá y USA) para contar con naciones más seguras y jóvenes más sanos.

Parece que el gobierno está más interesado en golpear a la clase media que en frenar los altísimos índices de violencia en el país.

Pero que quede claro, la palabra no vale nada de nadie mientras en texto la ley exista.